Consideraciones sobre un Registro

Eduardo Urzelai Quintana*

El presente artículo gira entorno a la instauración del Registro de Delincuentes Sexuales en nuestro país, comenzando por explicar la evolución histórica y legal del Registro en Estados Unidos, ya que su existencia ha podido impulsar la promulgación en nuestro entorno. Finalizando con una serie de reflexiones en relación a lo que conlleva su cumplimiento.

Históricamente los Registros para delincuentes sexuales comenzaron a implantarse en Estados Unidos en los años 40, teniendo especial auge en la década de los 90 del siglo pasado. La evolución a escala punitiva y pública de los mismos ha venido siempre marcada por sucesos en los que tuvieron como afectados a menores y conmocionaron mediáticamente al país.

Primeramente la inscripción era obligatoria para condenados por delitos sexuales cometidos contra menores o delitos sexuales violentos contra adultos. La duración de la inscripción era de 10 años desde la liberación del penado, siendo la información contenida en los registros actualizada anualmente. Posteriormente, se modificó este aspecto requiriendo para los condenados por violencia sexual grave y para reincidentes en delitos sexuales la inscripción perpetua. La ley no imponía que los registros fueran públicos, aunque permitía su publicidad en aquellos casos en que las autoridades considerasen que fuese necesario para “proteger la salud pública”.

Con la llegada del nuevo siglo, se pasó a requerir el carácter público de los registros y la notificación del mismo a la comunidad ciudadana correspondiente. Siendo en 2006 a nivel de reforma legal, el que generó una ampliación de la categoría de penados que deberían inscribirse, estableciendo varios niveles a partir del cual y en función de la gravedad del delito, se determinaba la duración de la inscripción, así como la frecuencia de actualización de datos. También trajo consigo el que el registro fuera accesible a nivel de todos los estados. Unificando las características registrales  en páginas Web, requiriendo la publicidad de toda la información sobre delincuentes sexuales permitiendo su búsqueda en la página Web correspondiente a partir del código postal o pudiendo en muchos casos enlazar con un mapa (googlemaps) en el que se ubica de forma exacta el domicilio del sujeto registrado. Se cree que en estos momentos unas 700.000 personas pueden estar inscritas en dichos registros. Este proceso (el hacer público los datos personales de quien está en el registro) supone un salto cualitativo en cuanto a mecanismo controlador y disciplinario de los mismos.

En relación al contenido registral aparecen datos personales, domicilio y datos en relación al delito cometido. Teniendo obligación de actualizar regularmente cualquier cambio en la información suministrada, so pena de infracción legal por no llevarlo a cabo. Inicialmente se crearon para delitos cometidos con víctimas menores de edad. Sin embargo, en la actualidad la lista de delitos que conllevan registro varía en cada estado, siendo por lo general cualquier delito sexual en el sentido amplio.

 

Pudiendo ésta categoría incluir, en ocasiones, situaciones como el sexo consentido entre adolescentes, el sexo consentido entre hombres adultos (sodomy), la prostitución entre adultos, el exhibicionismo, el orinar en la vía pública (al asimilarlo como exhibicionismo).

Hay algunos estados en el que el sexting (envío consentido de imágenes de contenido erótico a través del móvil) siendo entendido a nivel legal como distribución de pornografía infantil, cuando los sujetos implicados son adolescentes, es causa de aparecer en el citado registro.

Habiendo algunos estados también en el que se registran a adolescentes que mantuvieron relaciones sexuales consentidas, pero siendo uno de los dos menor a la edad de consentimiento sexual fijada. Generando el debate de cuándo se considera edad de consentimiento (estableciéndola a los 13 años, habiendo una diferencia no superior de 4 años entre actores).

Por último y en función de la gravedad del delito la inscripción puede ser de 15 años para los menos graves, 25 años para los graves y siendo a perpetuidad para los muy graves.

Como se puede comprobar la política judicial  en cuanto a lucha contra la delincuencia sexual estadounidense, se encuentra inmersa en un control férreo, en la disciplina y el punitivismo más extremo. Es un nuevo “panóptico” entendido ello como estado consciente y permanente de visibilidad y control por parte del sistema, que llega a garantizar un funcionamiento automático del poder, sin que “ese poder” se esté ejerciendo de manera efectiva en cada momento y por escasas personas hacia un sujeto que se pueda sentir vigilado. Es el ciudadano (quien en poder delegado por el “poder judicial”) vigila. Es en esencia lo que Michel Foucault denomina “la sociedad disciplinaria”[1].

Observándose que la toma de decisiones se ha articulado como reacción a casos que han escandalizado a la sociedad y la intención ha pretendido ser la de hacer llegar un mensaje de tranquilidad a la población en general. Es decir nos encontramos ante un sistema reactivo en sus reformas y pretendidamente generador de seguridad pública, cuando igual incentiva “la pública inseguridad” al inducir miedo entre sus conciudadanos, como mecanismo inducido de control.

Parece que desde el propio sistema Judicial se cuestiona la efectividad de los registros. No existe una diferencia estadísticamente significativa en las tasas de reincidencia entre sujetos registrados y los no registrados. Así como que parece que no son efectivos desde el punto de vista de la prevención en general, ni desde la prevención más específica en relación a quienes se aplica. Las propias características a cerca de la tipificación de los delitos genera controversia, en el sentido que pone en cuestión las tasas de reincidencia (el hecho de que se consideren elevadas, han contribuido a reformar las normativas de registros haciéndolas más punitivas) cuando parece que no son delitos tan reincidentes como otros, o depende del tipo de delito en concreto.

A su vez el elevado número de personas registradas (con el tiempo cada vez más numeroso), en función a los tipos de delito tipificados, generan serias dificultades en relación a los mecanismos de control y seguimiento de los mismos.

En cuanto a la difusión pública de los registros hay estudios que demuestran que generan estrés en quién está inscrito, lo cual puede alejar cualquier fomento de la reinserción, incrementando los factores de riesgo de reincidencia. Así como en el tiempo han desencadenado una serie de incidentes sobre quienes están registrados siendo víctimas de pérdida de empleo, amenazas, acoso e incluso homicidio. Parece pues que cuanto más agresiva es la forma de notificación pública de los registros, mayores son los efectos negativos.

Viendo cuál ha sido la evolución de las leyes en Estados Unidos a lo largo del tiempo uno tiene la sensación de que se cumplen los requisitos de un nuevo marco de regulación amatoria como el que Michel Foucault denominó “dispositivo de la sexualidad” en su “Historia de la Sexualidad”, por el que refleja que a partir del siglo XVIII el sexo de los niños y adolescentes se tornó en un objetivo importante y a su alrededor se erigieron innumerables dispositivos institucionales y estrategias discursivas. El sexo no es cosa que solo se juzgue, es cosa que se administra. Llega a ser “asunto de policía” (…) pero no con el rigor de la prohibición sino con la necesidad de reglamentar el sexo mediante discursos útiles y públicos”[2]. También como consecuencia de lo que Agustín Malón denomina la Ciencia del Abuso[3].

En nuestro país en Diciembre de 2.015 se regula a partir de la publicación en el Boletin Oficial del Estado el Registro Central de Delincuentes Sexuales. En el enunciado de las disposiciones generales reflejan que el principio inspirador del citado Registro son los intereses del Menor, como razón prioritaria. Como en Estados Unidos hay precedentes sociales de cierta trascendencia mediática los que en el transcurso del tiempo predisponen a su promulgación[4] .

Así como el compromiso adquirido a nivel estatal en cuanto a equiparación a normativas Europeas y del Consejo de Europa (Convenios para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, de 25 de octubre de 2007, conocido como Convenio de Lanzarote; la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011).

 

A nivel general el Registro pretende prevenir y proteger a los menores ante delitos de naturaleza sexual, según las normas nacionales y supranacionales, de acuerdo a sistemas registrales que rigen en nuestro entorno. Desarrollando un sistema (el registral) por el cual quienes desarrollen actividad profesional, de oficio u actividad que impliquen contacto habitual con menores carezcan de condenas por los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, explotación y corrupción de menores. Solicitando obligatoriamente a la administración de Justicia un Certificado de no encontrarse de alta en el citado registro.

Tratando de facilitar la investigación e identificación de autores de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, así como la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, independientemente de la edad de la víctima. En la línea del registro americano.

Continuando con las disposiciones generales expone que en dicho Registro se reflejan los datos de identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas, dando a tal efecto la responsabilidad al Ministerio de Interior que dispone de la Base de Datos Nacional de ADN, quien inscriba o cancele en su caso los datos de quien sea condenado. El acceso directo a dicho registro podrá efectuarse por el propio ciudadano interesado (para solicitar el Certificado), los órganos judiciales que requieran para los procedimientos o actuaciones de su competencia y sin el consentimiento del propio interesado, por todas aquellas entidades públicas de protección de menores competentes territorialmente.

La cancelación en el tiempo de los datos del Registro Central de Delincuentes Sexuales se establece en función de la edad de la víctima y del condenado. Si la víctima fuera mayor de edad, la cancelación se hace coincidir con los antecedentes penales, sin que se extienda la vigencia de la inscripción más allá de la duración de la pena establecida en función de la gravedad del delito cometido. Si la víctima fuera menor de edad, se considera conveniente seguir un régimen distinto en relación a los límites temporales establecidos para la cancelación de los antecedentes penales, ampliando la inscripción hasta 30 años, siempre pensada y entendida no como pena sino como una medida de protección a la infancia y adolescencia. Por último si el condenado fuera menor de edad en el momento de la comisión del delito, la duración de la inscripción en el registro será proporcional a los antecedentes penales, con la finalidad de posibilitar la reinserción de los menores infractores y evitar con ello su estigmatización.

Expuesto todo ello y sin entrar en detalles podía ser interesante hacer algunas reflexiones a modo de consideración sobre éste decreto.

Una serie de preguntas surgen del hecho de la existencia del registro, cuando hay personas que aparecen o no en el mismo ¿es garantista, previsor de qué y para qué?. Puede resultar paradójico el que en su articulado exponga de protección de los menores y por otro lado hable de facilitar la investigación y persecución de los delitos, cuando siempre detrás de ello hay hombres o mujeres con una biografía.

 

Por lo tanto ¿generador de qué y para qué? y por último ¿precursor de qué y para qué?. ¿Generador de protección y precursor de persecución?. Parece que con la existencia de éste registro se cuestiona la presunción de inocencia (están registradas todos aquellos sujetos con sentencia firme) y se activa el de culpabilidad (de quien está registrado) o desculpabilidad (de quien no lo está).

¿Dónde queda la confidencialidad sustentada en la Ley de Protección de Datos en su esencia? (la LOPD ampara el conocimiento de Datos de carácter personal “intrainstitucional”, a nivel interno entre instituciones cuando el fin es Judicial). Sin ser pública su edición (como ocurre en Estados Unidos), si puede ser su acceso (por lo menos entre Fiscales, Jueces, Tribunales, Policía Judicial, Entidades Públicas de Protección de Menores y autoridades policiales de un país extranjero que lo solicite).

No especifica quién tiene que solicitar el Certificado, pareciendo que en informes posteriores es necesario que la actividad desempeñada implique por la propia naturaleza un contacto habitual con menores o que los menores sean lo destinatarios principales del servicio prestado. Se habla de profesorado, personal sanitario, personal de servicios que atienda a menores (ocio y tiempo libre, comedores, voluntariado…), educadores sociales, sacerdotes o personal de otras confesiones religiosas que trabajen con menores.

Nos encontramos aquí con lo que busca la doctrina puritana cuando en sus rasgos característicos podemos encontrar “la obsesión normativa, normalizadora y fiscalizante que procura la permanente regulación de lo otro y de los otros”.[5]

El referente (el Judicial) desde donde se genera no invita al abordaje y comprensión de circunstancias o modos de vivir que Hombres y Mujeres disponemos en relación a la Sexualidad.

Es más se pueden generar contextos de intranquilidad, preocupación, angustia y culpabilidad, cuando tratamos de abordar el conocimiento de la realidad (episteme) más desde una realidad científica o comprensiva, que de una circunstancia punitiva. Y puede que registros como éste incentiven control, disciplina, represión, punición y culpabilización, más que otra cosa. Así como alarma y preocupación ante la aparición en dichos registros.

Seguimos pues asociando al Sexo con transgresión, delirio, exceso, contaminación, culpa, delito… Tal y como refleja Joserra Landarroitajauregi sería una de las nociones reactivas del sexo entendida como agente contaminante (el sexo como Sepsis que da lugar a tres nociones diferentes de la sepsis, el sexo como pecado, el sexo como patógeno y el sexo como delito)[6].

 

Hace aproximadamente un año me puse en contacto con la Junta Directiva de la AEPS para ver si tomábamos un posicionamiento al respecto, ya que quienes colaboramos profesionalmente con Instituciones Públicas en el ejercicio de nuestra dedicación laboral como Sexólogos, se nos obliga a solicitar el consiguiente certificado. El presente artículo me permite un tiempo después sugerir después de una reflexión a consideración de quienes pertenecemos a ésta Asociación Profesional a entrar en debate con respecto a lo que se refleja en la misma.

Sugiero al plantear el debate conocer de qué hablamos antes de posicionarnos y además de sugerir la lectura de la citada normativa registral, la lectura y conocimiento por parte de nuestros asociados de los siguientes textos:

  • “Infancia, sexualidad y peligro. El moderno discurso de los abusos sexuales infantiles en las sociedades contemporáneas”. Agustin Malón Marco. Revista Española de Sexología. Publicaciones del Instituto de Sexología. Números 121 – 122. Madrid 2004.

 

  • “El hombre del que todos se reían”. Efigenio Amezúa y Nadette Foucart. En sus cinco entregas de la Revista Española de Sexología. Publicaciones del Instituto de Sexología Números 141-142, 143-144, 147-148, 149-150, 155-156. Madrid

 

  • “Materiales para pensar “el abuso sexual” de otra manera”. David L. Riegel. Revista Española de Sexología. Publicaciones del Instituto de Sexología Número 151. Madrid 2009.

 

  • “Reflexiones cítricas para sexólogos avezados I. Para una epistemología Sexológica”. Joserra Landarroitajauregi Garai Revista Española de Sexología. Publicaciones del Instituto de Sexología. Números 157 – 158. Madrid 2.010.

 

  • “Consideraciones sobre pederastia y deseo erótico: de la genealogía grecolatina a la perversión postmoderna” Jose Luis Beiztegui Ruiz de Erentxun Blog de Información Sexológica de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología (AEPS). Enero de 2.015.

 

Con ello sugerir que desde la obligación legal de solicitar el presente certificado, entregar a la institución (de ámbito municipal, autonómica o nacional) que lo solicite un “Certificado de “apostasía judicial” ante el Certificado de delitos sexuales” en el sentido de no creer – confiar en la utilidad práctica de la existencia del citado certificado a los efectos que como ciudadano y profesional de la Sexología se refiere, pudiendo ser la AEPS quien legitime la existencia de dicho certificado solicitado a título personal por quien quiera, antes de la solicitud personal del Registro de Delitos Sexuales (puesto que ello pueda poner en cuestión un interés personal, en el sentido de dudar o cuestionar la presencia registral en el mismo al solicitar el certificado).

 

 

El argumento es la inoperancia e inutilidad del citado registro a nivel de comprender las circunstancias vitales o experienciales de quien vive peculiarmente la sexualidad en cualquier hombre o mujer.

 

*Sexólogo .

EMAIZE Centro Sexológico – Sexología Zentroa

euq@emaize.com

 

Bibliografía consultada:

 

  • “Reflexiones cítricas para Sexólogos avezados. I. Para una Epistemología Sexológica”. Joserra Landarroitajauregi Garai. Revista Española de Sexología. Publicaciones del Instituto de Sexología. Números 157-158. Madrid 2010.

 

  • “Dos nociones muy útiles en Sexología. Dificultades comunes y peculiaridades Eróticas”. Efigenio Amezúa Ortega. Revista Española de Sexología. Publicaciones del Instituto de Sexología. Numero 160. Madrid 2.010.

 

  • “Nociones de Sexosofía antigua”. Joserra Landarroitajauregi Garai. Editorial Instituto de Sexología Sustantiva (ISESUS). Valladolid 2012.

 

  • “Registros de delincuentes sexuales y prevención del delito. Análisis de la experiencia Estadounidense”. Cristina Fernández-Pacheco Estrada. Universidad de Alicante. Estudios Penales y criminológicos, volumen XXXIV.2.014.

 

  • “El nuevo “panóptico” multidireccional: normalización consumista y espectáculo”. Rafael Vidal Jiménez. Universidad de Sevilla. Rev. Culturales. Epoca II – Vol. II- Número 1/ Enero – Junio de 2.014.

 

  • Real Decreto 1110/2015, de 11 de Diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Boletin Oficial del Estado (BOE) Número 132 de 30 de Diciembre de 2.105.

 

  • Artículos publicados en prensa digital durante los meses de Enero a Octubre de 2.016 (ABC, El Diario.es, El Mundo, El País, La Vanguardia, El Diario Médico, Adelante la FE, La Actualidad Evangélica). Así como Foros de Docentes con Educación y para la Educación.

 

 

 

 

 

 

[1] “Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión” Michel Foucault, buscado en Wikipedia.

[2] “Nociones de Sexosofía antigua”. Joserra Landarroitajauregi Garai. Editorial  Instituto de Sexología Sustantiva (ISESUS). Valladolid 2012. Pag. 113.

 

[3] “Abusos sexuales infantiles: orígenes y contorno de un peligro.” Agustin Malón Marco. ANUARIO DE Sexología AEPS. Valladolid 2.004.

 

[4] “Registros de delincuentes sexuales y prevención del delito. Análisis de la experiencia Estadounidense”. Cristina Fernández-Pacheco Estrada. Universidad de Alicante. Estudios Penales y criminológicos, volumen XXXIV.2.014.

 

[5] “Nociones de Sexosofía antigua”. Joserra Landarroitajauregi Garai. Editorial  Instituto de Sexología Sustantiva (ISESUS). Valladolid 2012. Pag. 94.

[6] “Reflexiones Cítricas para Sexólogos avezados. 1 Para epistemología Sexológica”. Joserra Landarroitajauregi Garai. Revista Española de Sexología Nº 157-158. Estudios de postgrado en Sexología del Instituto de Sexología (In.Ci.Sex.)  Madrid 2010. Pag. 126

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